Santiago. – A sus 88 años, apoyado en un bastón y acompañado de sus familiares, José Antonio Librado Cruz llegó personalmente a la UTECT Regional Norte para recibir el documento que convierte legalmente suyo el inmueble que ocupa, poniendo fin a años de espera y garantizando la seguridad jurídica de su patrimonio.
Con visible satisfacción, Cruz recibió su certificado de título de propiedad y agradeció al presidente Luis Abinader y a los colaboradores de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT) por hacer posible la formalización de su propiedad.
La jornada también permitió entregar el certificado de título a José Mateo Molina, beneficiario del proyecto de titulación correspondiente al municipio de Esperanza, provincia Valverde.



Mientras que José de Jesús Vásquez completó el proceso de firma para avanzar hacia la obtención de su título de propiedad dentro del proyecto Hato del Yaque, en Santiago.
UTECT endurece controles ante nuevas normas
En paralelo con la entrega de títulos, la UTECT Regional Norte reforzó esta semana la capacitación de sus colaboradores sobre las nuevas disposiciones legales y el manejo responsable de los procesos de titulación de terrenos del Estado.
Pablo Estévez, encargado de la oficina Regional Norte, indicó que con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal se exige mayor rigurosidad, responsabilidad y apego a la ley por parte de quienes intervienen en los procedimientos de regularización y distribución de terrenos.
Estévez explicó que las orientaciones forman parte de las instrucciones impartidas por el subdirector regional norte de la UTECT, Santiago Caba, para fortalecer los controles internos, proteger el patrimonio estatal y evitar que los beneficiarios sean afectados por actuaciones irregulares.
Durante la jornada de socialización, los colaboradores expusieron inquietudes y plantearon propuestas para hacer más rápidos y eficientes los mecanismos destinados a llevar los títulos de propiedad a las familias beneficiarias.
La UTECT Regional Norte mantiene sus operativos y procesos de regularización con el objetivo de transformar la posesión de terrenos en propiedades legalmente reconocidas, llevando seguridad jurídica a comunidades de Santiago, Valverde y otras demarcaciones del Cibao.